Esta mañana se dio inicio a la primera audiencia del debate oral que se desarrollará en los Tribunales Federales para juzgar a cuatro personas acusadas de explotar prostitutas en un cabaret. Se trata del primer juicio de ésta índole que se realiza en la provincia.
Cuatro personas comparecen en el juicio que se inicia hoy ante el Tribunal Oral Federal Nro. 1 de Mendoza, que preside Julio Roberto Nassif e integran Jorge Roberto Burad y Héctor Fabián Cortéz en el marco de la causa por “trata de personas” que se abrió a partir de una llamada anónima al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación a mediados de 2009 y se instruyó en base a la Ley 26.364 sancionada en abril de 2008. Este sería el primer caso en que se aplica la citada norma legal a un caso concreto.
Los acusados son Nélida Florentina Carrizo, Pedro Antonio Alcalde, Elia Roxana Alcalde y Omar Reynaldo Barrera. Todos ellos, menos Elia Roxana Alcalde, permanecieron detenidos en la Penitenciaría de San Rafael a la espera del debate.
La denuncia daba cuenta de que en el cabaret “Flash Dance” de San Rafael, ubicado en Adolfo Calle al 3700 de la periferia urbana, habría varias mujeres jóvenes, incluso algunas extranjeras, sometidas a servidumbre y obligadas a ejercer la prostitución.
En primera instancia, la Delegación local de la Policía Federal Argentina abrió un sumario preventivo y, por orden judicial, inició una investigación para constatar la denuncia. En esa oportunidad no se comprobó delito, ya que las “alternadoras” del citado local nocturno manifestaron hallarse ahí por su voluntad, no se comprobaron maltratos a ninguna de ellas ni tampoco la presencia de menores de edad o extranjeras como señalaba la denuncia.
El local era administrado por “Nelly” Carrizo y su marido Pedro Alcalde con la ayuda de Roxana Alcalde, mientras que Barrera era el encargado de conseguir chicas en el norte del país para renovar o ampliar el plantel del lugar.
Ante esa novedad, el Ministerio Fiscal, a instancias del prosecretario penal Eduardo Puigdéngolas, instruyó a la Policía Federal que recurriera a personal especializado de la División Trata de Personas de esa fuerza y a la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por la Trata de Personas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
En esta ocasión, al cabo de una exhaustiva inspección del lugar y de las condiciones en que se desarrollaba la actividad de las mujeres, se constató que las mismas –cinco argentinas y una colombiana- eran objeto de trato abusivo y degradante.
Según reza el expediente, existía “abuso de una condición de vulnerabilidad para obtener provecho del comercio sexual que serían obligadas a mantener dichas personas, encontrándose organizados para realizar dicha actividad más de tres personas”.
Por otra parte, “los presuntos responsables habrían retenido nueve documentos de identidad de supuestas víctimas que fueron secuestrados en el citado local comercial”.
Con esos antecedentes, se procedió a la clausura del local, a la inclusión de las víctimas en el régimen legal de protección que establece la Ley 26.364 y a la detención de los responsables que a partir de hoy serán sometidos a juicio.
Previo a la apertura del debate, la secretaria del tribunal, María del Carmen de De la Reta dio lectura a la requisitoria de elevación a juicio contra Nélida Florentina Carrizo, su marido Pedro Alcalde, Roxana Alcalde hija de ambos y Omar Barrera, a quienes se considera participes necesarios para la comisión del delito de “trata de personas”.
Comenzó declarando Nélida Alcalde quien negó los cargos que se le imputan y, entre lágrimas, relató pasajes de vida. Dijo haber nacido en Tartagal y que de chica fue abandonada por su padre quien la entregó en guarda a su abuela en Tucumán. Más tarde se trasladó a Santiago del Estero donde comenzó a ejercer la prostitución a los 15 años. Posteriormente vino a General Alvear como prostituta en la desaparecida whiskería El Bosque, posteriormente estuvo en Malargüe donde alquiló un comercio de ese tipo y finalmente desembarcó en San Rafael.
Al negar los cargos que se le imputan por declaraciones de sus empleadas dijo que no era real, que se movían con total libertad y que ella recibía a mujeres con hijos. Consideró injusto el procedimiento realizado en Flash Dance indicando que de las cinco mujeres solo una fue rescatada y llevada a su ciudad de origen, mientras que las restantes continuaron ejerciendo la prostitución en un cabaret vecino. Dijo no comprender el ánimo de las denunciantes a quienes les retenía la documentación porque se iban a pasear el domingo y perdían los mismos.
Este juicio se extenderá durante los próximos días teniendo en cuenta el número de testigos incorporados a la causa.
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