La complicidad policial con redes de prostitución que secuestran a jóvenes obliga a tomar medidas de fondo


Tal vez haya pocos delitos de tan dolorosas y devastadoras consecuencias como el de la desaparición de niñas, adolescentes y jóvenes secuestradas para forzarlas a integrar redes de prostitución.

Al mismo tiempo, pocos delitos hay en la Argentina que encuentren, como éste, tan escasa voluntad por parte de las autoridades para su eficaz combate, más allá de lo meramente declamativo y de medidas que, al carecer del genuino apoyo de parte de la justicia federal y algunas fuerzas policiales, se vuelven inútiles, pues hablamos de un delito aberrante que, como bien se ha señalado, pertenece al crimen organizado.

El juicio que tiene lugar en Tucumán por la desaparición, en 2002, de María de los Angeles (Marita) Verón, en el que se juzga a un policía y a doce encargados de prostíbulos y remiserías de La Rioja y Tucumán, permite apreciar la hondura de este drama y la incansable lucha de una mujer para que la sociedad tome conciencia. Ayer declaró allí Susana Trimarco, madre de Marita Verón, y denunció la existencia de mafias dedicadas a la trata en Tucumán y vinculadas con la política. Y anteayer, una de las imputadas reveló que fue prostituida a los 16 años y permaneció cautiva en los mismos prostíbulos en los que estuvo Verón.

La semana pasada se cumplieron siete meses de la desaparición de María Cash y, entre otros casos similares que aparecen en el sitio de Internet de la Fundación María de los Angeles por la Lucha Contra la trata de Personas, que dirige la madre de Marita Verón, se mencionan, por ejemplo, los de Sofía Herrera, desaparecida en 2008, Florencia Pennachi (2005) y Fernanda Aguirre (2004).

Los dolorosos avatares que vivió y aún vive Federico Cash, padre de María, en la búsqueda de su hija, ilustran la complejidad del problema y la urgente necesidad de encararlo en profundidad. Cash ha señalado que una de las principales trabas radica en la falta de centralización de las investigaciones. A su hija, desaparecida mientras se trasladaba en ómnibus al Noroeste, la habrían visto en diferentes provincias, con lo cual en cada una de ellas se abrió una investigación policial y judicial, sin conexión ni intercambios de información entre sí.

A ello hay que agregar la lentitud para citar a testigos y tomarles declaraciones, cuando es sabido que en las redes de prostitución es muy común el rápido traslado de las jóvenes secuestradas de una provincia a otra para eludir los controles. En el caso de Cash tampoco se habría puesto en práctica la recompensa por información que en octubre habían prometido las autoridades nacionales.

Pero quizás el más fuerte de los obstáculos se encuentre en los vínculos de algunas fuerzas policiales con esas redes criminales. Por ejemplo, en el caso de Marita Verón, varias jóvenes la vieron en prostíbulos de La Rioja. Una narró que logró escapar, pero que las cuatro compañeras que huyeron con ella fueron descubiertas en un control policial y devueltas por los policías a sus captores.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, Susana Medina, ha afirmado con razón que la trata de personas es “un delito que pertenece al crimen organizado y tenemos que estar preparados para combatirlo”. Para la jueza, ese delito desnuda “una realidad por muchos de nosotros conocida y que muchos otros no quieren ver, una realidad triste y un delito grave que deja marcas en el alma y en el cuerpo de quienes la padecen, que son generalmente mujeres jóvenes, niñas o adolescentes y, además, pobres”.

En 2009, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, adoptó una importante medida, al instruir a todos los fiscales que actúan en casos de trata y proxenetismo para que soliciten al juez la intervención de la agencia municipal de cada distrito para clausurar el local y promover la caducidad de su habilitación si funciona bajo la apariencia de un comercio lícito. Righi lo hizo en el marco del trabajo de la Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración (Ufase).

Un año antes, la sanción de la ley de trata constituyó otro importante paso adelante, pero también insuficiente a la luz de la experiencia recogida. “Es un avance incompleto pues todavía falta aprobar algunas modificaciones a esa ley”, sostuvo la diputada nacional (UCR) María Luisa Storani, y mencionó la necesidad de crear un programa nacional de prevención y atención a las víctimas, y el agravamiento de las penas contra las redes mafiosas.

El tema de las víctimas es esencial para paliar las secuelas y también para que quienes logran escapar de esas organizaciones puedan confiar en la Justicia y brinden testimonios que redunden en un efectivo combate de estas mafias. Hoy, lamentablemente, son muchas las víctimas que, conociendo por haberlo sufrido el poder y las conexiones de esas redes, no se animan a confiar en la Justicia y optan por el silencio.


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