Segunda Parte
El documento completo que consensuaron una veintena de organizaciones
convocadas por la Comisión Justicia y Paz del Episcopado Argentino.
5. Pr incipales políticas públicas a implementar (2010-2016)
Sobre este diagnóstico parece necesario encarar un conjunto de políticas públicas en los próximos años que, al menos, contengan los siguientes aspectos:
a) Una reforma del sistema educativo y su financiamiento –con una profunda revisión de los contenidos de cada ciclo de enseñanza para
lograr una educación en valores–, tal que permita la atención de las zonas más necesitadas, con la capacitación adecuada de los docentes, el cumplimiento de las metas propuestas en las leyes básicas en cuanto a calidad y extensión de la propuesta educativa, con vinculación entre educación y trabajo, en línea con los sectores productivos estratégicos, y monitoreo periódico y sistemático de la calidad educativa.
b) Un programa progresivo de universalización de las asignaciones familiares (que ya ha comenzado a ponerse en marcha en diciembre del año 2009) que extienda el salario familiar a los niños y jóvenes que hoy no acceden al mismo porque sus padres no están en el trabajo formal.
c) Una política social integral de desarrollo de infraestructura urbana y rural. Enfrentando las causas del desarraigo rural y favoreciendo a las familias que deseen permanecer en su lugar de origen, además de atender a la urbanización de villas y asentamientos irregulares, instalación de redes sanitarias y eléctricas, provisión de atención primaria de la salud y de nuevos establecimientos
educativos, ampliación y mejoramiento de la red vial, reactivación de las redes ferroviarias, etcétera.
d) La masificación de los sistemas de microcréditos existentes que logren llegar a los cuentapropistas que tienen tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado. Asimismo, el fomento del crecimiento productivo y la agregación de valor,
a partir de las pequeñas y medianas empresas, que juegan un rol clave en la generación de trabajo y en el fortalecimiento del tejido social del interior (ciudades y pueblos).
e) Un “Plan de recuperación y reinserción integral” con apoyo económico para rescatar a los jóvenes que están fuera del mercado y tienen dificultades de adicciones y hacinamiento y, a la vez, para fortalecer a las familias en riesgo. La clave aquí es generar una red de tutores creíble para los jóvenes. f) Una paulatina reforma de las áreas sociales estatales que permita poner en marcha políticas
públicas en tiempo real, achicando la distancia entre los diseños y las acciones.
g) Una reforma impositiva que establezca una coparticipación federal que tenga en cuenta el principio de subsidiariedad y, por ende, sea acorde a las acciones a cargo de las provincias y municipios (educación, seguridad, salud, etc.) y que permita el desarrollo nacional y local, revirtiendo la migración a los cordones de las grandes urbes.
h) Mayor involucramiento de la sociedad civil en acciones que complementen y potencien las que realicen los gobiernos tanto nacional como provincial y municipal. Coherentes con nuestros objetivos, firmes en su consecución y convencidos de comprometer
nuestro esfuerzo, concluimos este documento con las mismas palabras con las que comenzamos nuestra participación en el Foro “De Habitantes a Ciudadanos” hace tres años atrás.
A partir de es ta propuesta
La invitación es a profundizar las iniciativas que aquí se proponen como puntos de partida. Pueden
ser consideradas válidas; pueden ser modificadas o desechadas. Nuevas propuestas pueden surgir del trabajo que a partir de ahora generemos dialogando. No es necesario abarcar todos los temas. Sí sería bueno abarcar la mayor cantidad posible de participantes. Imaginamos un trabajo en etapas de profundidad y compromiso creciente. El resultado final no lo conocemos. Pero estamos convencidos
de que la participación honesta y orientada al bien común, junto al camino del diálogo, seguramente nos llevará a concretar cambios positivos para nuestro país, con foco en los excluidos.
Los Bicentenarios de nuestra Nación se presentan como un tiempo oportuno para recorrer este camino desafiante de dialogar, consensuar y luego actuar concretando políticas de Estado. Tendremos la oportunidad de celebrar la vida de nuestra Argentina si realmente estamos comprometidos con la construcción de un país para todos, convirtiéndonos “de habitantes a ciudadanos”; de “usuarios” del país reclamadores de derechos, a protagonistas de un proyecto común, conscientes de sus derechos y de sus obligaciones, y mutuamente responsables de la vida de todos los miembros de la sociedad .
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