Investigación sobre trata y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual en la República Argentina. Defensor del Pueblo de la Nación
Segunda Parte

Extraído de: www.defensor.gov.ar/informes/informes-sp.htm

Así comienza el peregr inaje por lo que será la ruta de la explotación La trata, aunque no esté tipificada así en el código penal, puede incluir las acciones de reclutar, alojar, trasladar, secuestrar, hacer desaparecer,
recibir, acoger –la promoción o facilitación de cualquiera de esas acciones– tanto sea dentro del país como posibilitando la salida del mismo, de una o más personas con fines de explotación. La trata puede ser con fines de prostitución, trabajos forzados o serviles, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, explotación de la mendicidad ajena, matrimonio servil, extracción de órganos, producción y distribución de pornografía infantil y adulta, turismo sexual, procreación obligada para la venta
de niñas/os, extracción obligada de óvulos, venta de niñas/os o cualquier otra forma de explotación.

Las víctimas serán trasladadas hasta el lugar de destino haciendo paradas varias o sin ellas. Generalmente el recorrido lo hacen vía terrestre pues es más fácil si tuvieran que eludir algún control.  Llegadas al primer lugar de destino, entregadas al regente y vendidas al mejor postor, la violencia y el padecimiento comenzará. Este momento generalmente coincide con el darse cuenta que lo pactado
no resultó como tal. A partir de ese momento una y otra vez serán obligadas a atender a los clientes y tratarlos “como ellos lo merecen, para eso pagan” diría un regente. Las “malas contestaciones, las llegadas tarde al salón o las quejas de los clientes, serán transformadas en multas y abultarán la deuda que la víctima tienen que pagar”. Los factores que inciden o empujan a las víctimas
hacia las redes de explotación son: situación económica desfavorable, contextos estructurales hostiles, historias de violencia familiar, pertenencia a familias numerosas, desocupadas, o con trabajos con altos grados de explotación y mínimos ingresos, entre otros (ejemplo real: familia con nueve hijos, en zona rural, cuyo ingreso era de $150 del plan social + $50 por mes que ganaba el padre como albañil).
La pobreza es sin duda un eje medular, pero enfatizar sólo en ella y dejar de lado “la demanda”, es desconocer que hay adultos que, como clientes, compran y prostituyen niños, los reclutan, y otros que forman parte de las organizaciones que protegen estos ilícitos.
Señalaremos que cada uno de los actores que intervienen en la trata de personas –los prostituidores:
proxenetas, fiolos, todos los que lucran y apoyan de alguna manera los circuitos de explotación, incluyendo a los clientes– tienen una responsabilidad que no podemos dejar de mencionar. Si dudas, prejuicios sociales y sexuales sobre los hombres, las mujeres, los niños y las niñas, y el lugar que cada uno ocupa en una sociedad atravesada por relaciones de poder, están en danza merodeando y haciéndole un “guiño cómplice” a los circuitos de la prostitución.
Si tornamos visible a quienes contratan para su placer a niñas y mujeres victimizadas, quedará al descubierto un circuito de varones sexualmente comprometidos con el abuso de poder, y como no ignoramos que esos hombres son parte de diferentes organizaciones familiares y de instituciones que actúan como “andamiaje de la sociedad”, podríamos decir que este silenciamiento e invisivilización sobre “la demanda” remite a una “estrategia social de protección del poder masculino instituido”. La corrupción institucional y el incremento del crimen organizado –barrial, provincial, nacional o trasnacionalmente– además de arraigados prejuicios sexuales alimentan lo que se ha definido como una de las afectaciones de los derechos humanos del siglo XXI, el delito de la trata de personas.
La frontera entre la connivencia, la indiferencia y el prejuicio que alimenta este delito es difícil de trazar. El pacto de silencio entre proxenetas y clientes, desacredita cualquier declaración de quienes ejercen la prostitución, siendo descalificadas por los mismos que las prostituyen, y/o también por aquellos que se mantienen indolentes ante la explotación de niñas y mujeres en esta situación.
Síntes i s de lo t rabajado en la Defensoría En el marco de la actuación iniciada de oficio por la “Presunta existencia de un sistema organizado abocado a la comisión de acciones delictivas que implican, entre otras conductas, la captura y el secuestro ilegítimo de personas (en especial mujeres y adolescentes) y su posterior venta obligándolas a prostituirse; y que esta situación se estaría llevando
a cabo e diferentes provincias del país”, se enumerarán algunas acciones realizadas.
Demar cac ión del Régimen Jurídico aplicable a la materia.
Relevamiento de los principales organismos competentes, de organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con estos temas. Entrevistas a familiares de víctimas y acompañamiento en su gestión. Entrevistas con funcionarios y funcionarios públicos con ingerencia en la problemática.
Solicitud de informes focalizados a los organismos competentes. Tanto nacionales, provinciales como municipales.
Sistematización de la información recogida a fin de avanzar en el conocimiento de la problemática.
Los siguientes son algunos de los organismos donde hemos requerido informes:
Dirección de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.
– Secretaría de Derechos Humanos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
– Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
– Ministerio de Desarrollo Social.
– Actual Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf).
– Secretaría de Seguridad Interior – Ministerio del Interior.
– Consejo Nacional de la Mujer. Por otro lado daremos a conocer sólo algunos acompañamientos realizados con nombre y apellido –ya que son de público conocimiento– y otros serán descriptos con las iniciales de las víctimas.
Cabe aclarar que quienes se han acercado a solicitar la intervención de esta Defensoría, han sido familiares y amigas de las víctimas.
En todos los casos quien hizo la presentación, también fue una mujer.
A continuación y a modo de ejemplo se presentarán los casos más representativos.
MFZ: Desapareció de la ciudad de Mendoza el 10 de enero de 2004 (Patricias Mendocinas y Montevideo)
Tenía 30 años y se encontraba en situación de prostitución. Su familia vive en Córdoba. La madre de la víctima acude a esta Defensoría ya que estaba solicitando se reabriera la causa.
Se solicitaron pedidos de informes para continuar con la intervención.
AMDF: Desapareció en diciembre de 2006 en Córdoba- Laboulaye.
El día de su desaparición, mientras cenaba con sus hijos y su madre la vinieron a buscar; explicó que volvía en breve y nunca más supieron de ella. AMDF estaba embarazada de 8 meses y medio.
Aún no la encuentran y tampoco a su bebé. La madre sospecha de su pareja; “un señor involucrado en temas de drogas, mujeres y demás” al decir de la denunciante. Caso de trata laboral con episodios de abusos sexuales en el lugar de explotación. Otoño Uriarte. Desaparecida el 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro, Río Negro (16 años). Apareció su cadáver en mayo 2007. Mientras estaba desaparecida vecinos del lugar le solicitaron al Defensor Difusión del caso en función de “las irregularidades que se estaban sucediendo en las investigaciones realizadas”. Si bien a la fecha no se conocen pruebas que vinculen su homicidio con las redes de la trata,
hubo irregularidades probadas en la investigación y su desaparición y asesinato, aún siguen impunes.
Actualmente están recusando a la jueza de Menores interviniente. Ya fueron separados del cargo algunos funcionarios por mal desempeño. Cabe aclarar que investigando esta desaparición se hicieron escuchas telefónicas, que derivaron en otra causa. Proxenetas hablaban con policías de Choele Choel, acerca de una adolescente de 15 años que habrían llevado al lugar para ser prostituída.
María de los Ángeles “Marita” Verón: Víctima de un secuestro en manos de una red dedicada a la trata  y el tráfico de mujeres, ocurrido en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002. Marita salió de su casa para hacerse un chequeo médico. En la esquina apareció un auto rojo, “le pegaron un culatazo en la cabeza”, y se la llevaron. Tenía 23 años. Estuvo desaparecida los dos días siguientes, al tercero la vieron a unos 30 kms de su casa. “Iba tambaleante, como drogada”. Un patrullero “la levantó” y todo lo que sigue es confuso. Complicidades, silenciamientos y negligencias rodean el caso aún no resuelto y que diera lugar al desbaratamiento de algunos circuitos de explotación como así también al rescate de casi cien víctimas encerradas en prostíbulos de toda la nación.
¿Qué se propone es ta Defensoría?
Continuar con la investigación presente iniciada a partir de la presencia de Susana Trimarco, mamá de la joven secuestrada en San Miguel de Tucumán, en abril de 2002: María de los Ángeles “Marita” Verón.
Realizar el monitoreo de los programas de prevención y asistencia a las víctimas que se están implementado, haciendo especial hincapié en los alcances nacionales.
Continuar trabajando de manera articulada con organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia.
Propiciar un sistema estadístico para poder contar con números reales acerca de los casos de personas desaparecidas y/o explotadas sexualmente. Cabe aclarar que las estadísticas confiables que poseemos a nivel país son muy pocas. Que si bien hay datos periodísticos que hacen alusión a este flagelo, estatalmente, más allá de los expuestos  por la Oficina de Asistencia a las Víctimas dependiente
de la Procuración General de la Nación, y punto focal en nuestro país, no hay datos construidos.
Seguiremos solicitando informes a los organismos competentes tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal a fin de poder construir datos numéricos actualizados.
Poner a disposición los recursos administrativos y comunicacionales más aptos –como la radio de la Defensoría– para difundir a través de sus repetidoras en el país, mensajes que contribuyan a la concientización sobre la temática.
Fomentar la creación de un Plan Nacional de Prevención y Lucha contra el delito, que incluya también atención integral de sus víctimas, acompañándolas especialmente una vez concluidas las instancias judiciales.
A modo de Conc lus ión  En base a lo relevado, podemos acreditar que la carencia de una legislación punitiva disponible,
es uno de los factores que facilitan la continuidad del delito.
Tratantes, proxenetas y todos aquellos que intervienen en este delito –ante la falta de figuras que los incluyan– encuentran un terreno fértil para la impunidad que los sostiene.
Es imperioso el tratamiento parlamentario de una Ley de lucha contra la trata de personas, debatiendo los diferentes proyectos presentados, estudiando antecedentes de otras partes del mundo y tratando de llegar, en la medida de lo posible, a un consenso previo a la sanción definitiva de la Ley.
Como Argentina está comprometida en la erradicación de este delito, es menester que se realicen todos los esfuerzos posibles para reconstruir los circuitos de esta forma de explotación en las diferentes provincias.
Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos judicializados se mencionan datos que remiten a cadenas de complicidades; indispensable es su profundización a fin de reconstruir los circuitos y las rutas de la Trata de personas.
Por último, y en orden a la atención de las víctimas de explotación, se hace necesario que cuenten con espacios de contención acorde a sus necesidades, haciendo hincapié en el estado de vulneración de derechos por los que han pasado tanto antes de ser ingresadas a los circuitos de la prostitución, durante, cuanto a la situación posterior a su atención.
Sería necesario que se instrumenten los mecanismos de investigación indispensables para que las víctimas no tengan que ser las principales aportantes de pruebas contra sus explotadores. Hay que tener en cuenta que ellas y sus familias sufren amenazas y amedrentamientos constantes.
Por último, y habiéndose acreditado que en la mayoría de los casos judicializados hay funcionarios públicos; de las fuerzas de seguridad, de migraciones o en cargos políticos en connivencia con tratantes;
por acción, tolerancia o misiva o bien por protección directa a los explotadores, es inadmisible que el Estado no cumpla con las responsabilidades que le competen

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